El presupuesto 2021, que se pondrá a votación este miércoles en la cámara de diputados, profundiza el presupuesto de ajuste de Macri, con el cual vienen gobernando los Fernández desde que asumieron.

Para educación y conectividad, el presupuesto del gobierno peronista establece una suma de $483.000 millones (1,3% del PBI), incrementándola en un 11% respecto del anterior, completamente devaluada respecto de la inflación presente, y ni hablar de la que se pronostica para el 2021: una inflación del 29%, con un dólar a $102,4 para fin del año, siendo que dos días antes de que llegue al recinto el dólar blue está en $183.

El destino de fondos es un ajuste bochornoso, casi cinco puntos por debajo del máximo alcanzado en educación respecto del PBI (6%), nada menos que bajo la presidencia de Fernando De La Rúa. Ni hablar respecto del 10% de presupuesto respecto del PBI que cacareó la dirección de Ctera como reclamo a comienzo de año y que ahora guardó debajo de la alfombra de este plan fondomonetarista de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Lo que sí supera con creces lo destinado a educación es el pago de la deuda externa usuraria. Para este año, luego de las reestructuraciones que caracterizaron exitosas tanto en legislación extranjera como local, se estima destinar el 9,4% del presupuesto actual en servicios de deuda, mientras para el año próximo el gobierno estima destinar el 7,9%. Cuatro y hasta cinco veces más que para educación.

El mismo destino, obviamente, le fue destinado al gasto en salud, ubicado en un 4,6% del presupuesto total, en medio del avance sin tope de la pandemia y del colapso del sistema sanitario en cada vez más provincias y ciudades.

Se trata de una política de sumisión al FMI para volcar sobre las agobiadas finanzas de las familias trabajadoras el pago de una deuda ilegal y usuraria que represente el 90% del actual PBI de la Argentina.

En este esquema de un presupuesto de ajuste e híperdevaluado, la proyección en el gasto de obra pública e infraestructura sería de un 18.1 % mayor que en la versión del presupuesto macrista; es decir, una disposición marginal.

No hay ni infraestructura ni condiciones sanitarias para abrir las escuelas

El último censo realizado en el 2015 por la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa, registró la existencia de 65.475 unidades educativas en todo el país, casi entre el 90 y el 70% de todas las modalidades y niveles de enseñanza de carácter público, y casi 13 millones de alumnos. El total que se destinaría para infraestructura en el presupuesto 2021, de ejecutarse realmente, por todo concepto, incluyendo la refacción de las escuelas hoy completamente derruidas y la construcción de las miles de escuelas y jardines que se vienen prometiendo hace décadas, indica que el gasto distribuido por alumno sería de $3.000 per cápita. Estas cifras consolidan la caída en la inversión educativa que se profundiza desde el gobierno macrista, cuando  la caída del gasto educativo hasta el 2018 fue de 18,2%.

El presupuesto nacional de ajuste, en todos los rubros y también en el plano educativo, es una habilitación para un ajuste similar o mayor en las provincias.

Desde el comienzo de año a la fecha, el avance de infraestructura es nulo, y la adaptación de las escuelas para funcionar bajo el desenvolvimiento de la pandemia no se ha implementado.

La vuelta a las aulas, aunque sea gradual, implica también volcar millones de nuevos usuarios al transporte público, también vaciado. Los recursos desinados a infraestructura serán de $835.000 millones (2,2% del PBI), siendo en “transporte lo más significativo en términos presupuestarios la compra unos 200 nuevos coches para la Línea Roca del ferrocarril  y sus respectivos ramales eléctricos” ( Infobae 26/10).

La presión para abrir las instituciones educativas a la presencialidad tiene un carácter criminal desde el punto sanitario, cuando ni dentro ni fuera de las escuelas hay condiciones mínimas para sustentar esa decisión, y sólo responde la ambición de las patronales de volcar al conjunto de la población en la actividad económica abierta prácticamente por completo.

Un salto al vacío

Al plan de reabrir las escuelas en CABA ahora se suma la misma intención en la provincia de Buenos Aires, donde se ha anunciado la vuelta a las clases presenciales en 338 escuelas de los municipios de Adolfo Alsina, General Lavalle, Adolfo Gonzales Chaves, Daireaux, Salliqueló, Tres Lomas, Alberti, Guaminí, Monte, Puan, Florentino Ameghino, Monte Hermoso, 25 de Mayo, Carlos Tejedor y Lezama, y a partir del 2 de noviembre próximo podrían sumarse 357 establecimientos de otros 10 distritos. En la mayoría de los distritos señalados, la circulación del virus crece día a día.

Este derrotero contra la salud pública fue allanado por el ministro de Educación, Nicolás Trotta, cuándo el Consejo Federal de Educación resolvió, con el apoyo de la burocracia sindical de Ctera, que el regreso se efectuaría cuándo y dónde lo resuelvan las autoridades de cada jurisdicción, y afirmando personalmente que ya no era necesaria una vacuna para retomar las clases presenciales.

De septiembre de 2018, cuando Macri mandó al Congreso el presupuesto 2019, al que mañana aprobará la cámara de diputados hasta diciembre 2021 el incremento sería de un 40%,, mientras la inflación de septiembre 2019 a diciembre 2021 será no menor al 150%.

El FMI impuso el ajuste en educacion y los dos gobiernos lo aplicaron al pie de la letral vaciamiento educativo que plantea el presupuesto, la ausencia de condiciones de infraestructura escolar y sanitaria sumará un avance en el progreso de la pandemia sobre la población trabajadora.

No al presupuesto del FMI. No al regreso a las aulas sin condiciones

En todo el país, la docencia y la comunidad educativa en forma mayoritaria rechaza la improvisación de abrir las escuelas sin garantías de ningún tipo. Además, la vuelta en grupos pequeños por turnos está concebida en base a la sobreexplotación de los docentes, que deberían atender en la jornada tanto a las y los alumnos que asistan a la escuela como a los que reciban continuidad en forma virtual. En Ademys; en Agmer, promovido por los sectores multicolores de Entre Ríos; en Buenos Aires, organizados por los Sutebas multicolores; en Aten, por las seccionales recuperadas y en todo el país, la docencia ha salido a un plan de acción para frenar esta ofensiva.

Este miércoles, 28 de octubre, desde Tribuna Docente llamados a la comunidad educativa a movilizarse al Congreso de la Nación, para rechazar el presupuesto de ajuste que sustenta la política irresponsable de abrir las escuelas sin condiciones ni recursos.